Publicado también en el portal Educación a Debate

Es loable querer recuperar la conducción total e intransferible de la política educativa. La Ley General de Educación, atribuye la esencia de la función social educativa a la SEP (Artículo 12).

En diversas ocasiones desde 2003 he insistido en la inconveniencia de la relación Gobierno-SNTE y de las asimetrías de negociación. Pero también he afirmado que el duopolio educativo que ha mantenido al SNTE involucrado en la política educativa es producto de decisiones del Gobierno y del Estado. El colmo de la relación quizá se alcanzó en el sexenio pasado con la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación, donde de manera política y jurídicamente inapropiada el Gobierno Federal compartió las principales decisiones (y su implementación) de la política educativa que sólo le correspondían a la SEP.

El 10 de diciembre pasado el Presidente Peña, en un acto histórico para la historia de la política de la educación en México, envió una Iniciativa de Reforma educativa que manda un mensaje claro de divorcio. Habrá que ver cómo reacciona la contraparte.

Yo leo la Iniciativa con dos intenciones: 1) tratar de modificar las relaciones de poder; 2) tratar de mejorar la calidad educativa.

Respecto de la primera intención el paso inicial se ha dado. Sin embargo, como en todos los juegos estratégicos, este no es el último paso.

Con relación a la segunda intención, es preciso analizar, con criterio objetivo, y sin inclinación ideológica, si dicha Reforma en realidad mejorará la educación. Me preocupa que la Iniciativa esté elaborada con base en un diagnóstico equivocado. Por ejemplo, el texto de la Iniciativa menciona que “el desempeño del docente es el factor más relevante de los aprendizajes (…) y que el liderazgo de quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión resulta determinante” (página 4). La literatura de factores asociados al aprendizaje sostiene, desde hace más de 50 años, que los factores propios del estudiante y el capital cultural de la escuela (sumatoria de los capitales culturales de los estudiantes) son los factores que explican con mucha mayor fuerza la varianza de los resultados en pruebas estandarizadas de los aprendizajes. Lo que quizá se quiso decir en la Iniciativa es que de los factores propios de la escuela—que tienen menos peso que los factores propios del estudiante—el elemento más importante es el maestro, seguido del director.

Esto quiere decir que la calidad de la educación o los aprendizajes, son una función de una compleja y misteriosa red de factores tan mezclados e interconectados que es imposible separar para precisar una relación causal e inequívoca. Lo que sí sabemos es que lo que sucede fuera de la escuela, hogar y sociedad, es tan importante o más importante, que lo que sucede dentro de la escuela, para mejorar el aprendizaje.

La redacción de algunos párrafos de la introducción de la Iniciativa, contiene elementos que admiten la complejidad del tema educativo, pero desgraciadamente ese reconocimiento no se refleja en el cuerpo de reformas y adiciones constitucionales.

La Iniciativa tiene dos propuestas esenciales y cuatro colaterales. Las propuestas esenciales son: la elevación jerárquica de la autonomía del INEE y la creación de la carrera profesional docente. Las colaterales son: crear un sistema de información educativa; la autonomía de gestión de las escuelas; el establecimiento de escuelas de tiempo completo; y la prohibición de la comida chatarra.

Veamos cada punto.

Autonomía del INEE. Los legisladores y El Ejecutivo Federal deben estar conscientes de que la forma en que está redactada la Iniciativa, aumenta la centralización de la política educativa y se debilita el federalismo, a pesar de que la Iniciativa sostiene lo contrario. La autonomía de cualquier órgano o persona que realice evaluación educativa es plausible. Sin embargo, convertir en ley o mandato de autoridad los resultados de evaluaciones educativas, aunque fueran autónomas, es ir demasiado lejos. Sobre todo, porque las conclusiones de los resultados de evaluación educativa, pueden ser muy imprecisas o equívocas.

Es encomiable que la autoridad y el Estado quieran incorporar a los expertos en el tema de evaluación; pero convertir a los expertos en autoridad puede dar origen a muchas acciones de política pública inadecuadas. No es lo mismo debatir las conclusiones de expertos en una sociología académica del conocimiento que transferir sus conclusiones como órdenes de gobierno, cuando la ciencia de la evaluación educativa nos indica cautela, en todos los casos, por la dificultad de generalizar en temas de enseñanza-aprendizaje.

Entre más “humildes” sean las funciones del INEE mejor será su aportación a la educación. Nadie se beneficiaría con la institución de un órgano estatal de evaluación con capacidad plenipotenciaria. El INEE Estatal sólo debería facilitar la evaluación, no imponerla. El legislador constitucional debe pensar con mucho cuidado que la desaparición o dilución de otras prácticas o instituciones de evaluación, le harían mucho daño a la educación. En la pedagogía no puede haber una “máxima autoridad en materia de evaluación”. El tema es tan complejo, que ni los expertos saben con precisión qué pasa dentro de la “caja negra” del proceso de aprendizaje.

El INEE nació en 2002, se recreó en 2012, y ahora se refunda, con mayor jerarquía. La distancia de poder entre los evaluadores y los evaluados aumentará.

Servicio profesional docente (SPD). Por muy poderoso que sea el SPD, nunca podrá sustituir a una poderosa formación docente con todo y la atracción a la carrera profesional por parte de los mejores egresados de la educación media superior. Debemos pensar en estos dos temas (atracción y formación) si lo que se quiere es un cambio en la calidad de la educación.

La Iniciativa no pone en peligro a los trabajadores de la educación; no podría, derivado del principio de no retroactividad consagrado en la constitución. Sin embargo, la Reforma sí exige que cualquier nuevo ingreso o promoción sea sometido al mecanismo de “concurso de oposición”. El legislador constituyente debe ser humilde también en este tema. No siempre el mecanismo de “concurso de oposición”, como lo mandataría la reforma a la fracción III del artículo 3º Constitucional, es el mejor método para identificar al mejor maestro y al mejor director. Entronizar este método de identificación de los “mejores” en una norma constitucional es eliminar de tajo la posibilidad de elección por grupos de pares, por designación de narrativas de comunidades, por méritos no medibles, por decisión de las personas directamente afectadas.

En tres párrafos la Iniciativa se lee taciturna: por un lado, la permanencia de los trabajadores de la educación está asegurada, por el otro, su permanencia no está asegurada, y por uno más, la “evaluación sólida y confiable”, servirá para premiar y reconocer. Si esta rendija resulta ser una puerta, no puede haber experto en educación, que considere que es pedagógicamente viable una evaluación centralizada que premie y promueva. La Iniciativa, de aprobarse, corre el peligro, de dar una fuerza descomunal, para que las prácticas de “enseñar para el examen” y las trampas se adhieran con pegamento Constitucional en la conducta del individuo en busca del estímulo.

Sistema de Información y Gestión Educativa. Siempre ha sido un anhelo de los investigadores contar con buena y suficiente información estadística. Nada mejor que acudir al experto en México, el INEGI, para asesorar en el diseño de dicho sistema. Pero de allí a incluir un párrafo específico para pedirle al INEGI la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos, es adelantarse a la creación del Sistema. Quizá, lo que el legislador podría hacer, es acelerar el funcionamiento del Sistema y que sea en el seno del sistema donde se decida lo más adecuado y procedente.

Autonomía de Gestión de las Escuelas. Es otro tema que no tiene que ver con la esencia de la Reforma y que da la imagen de una Iniciativa que arroja cachivaches al cuarto de los trebejos constitucional. Además, me parece que ésta adición, como casi todas las del Transitorio Quinto de la Iniciativa, carecen de técnica legislativa. Para empezar no deberían incluirse consideraciones sustantivas y permanentes en un artículo transitorio.

Escuelas de Tiempo Completo. El legislador debe saber que no existe evidencia de que las escuelas de tiempo completo impacten positivamente el aprendizaje. Lo que la evidencia parece apuntar es que es más importante la calidad que la cantidad de las horas escolares para impactar en el aprendizaje.

Comida Chatarra. Su prohibición a nivel Constitucional, es innecesaria y desmedida. Lo que uno come tiene que ver más con los hábitos culturales y la crianza, que con las imposiciones legales. Lo más probable es que esta prohibición propicie la proliferación de vendedores ambulantes y el comercio “ilegal” dentro y alrededor de las escuelas. Sería más prudente trabajar el tema con esquemas de educación escolar, comunicación y concientización social y familiar.

Conclusiones:

Somos observadores de un fuerte juego estratégico, no de los actores educativos a que se refiere la Iniciativa, sino de los jugadores políticos. Somos testigos de los intentos de distribución del poder en la Alta Política Educativa. ¿Qué surgirá de este juego? Es algo que depende de la reacción de tres jugadores fuertes: el Ejecutivo Federal, el SNTE, y algunos empresarios organizados. Los gobernadores y legisladores serán piezas instrumentales pero no están invitados en esta gesta.

De manera adjetiva, en el intercambio de acciones y amenazas se han incluido reformas de Media Política Educativa, como la creación del INEE y el SPD. En la forma en la que están diseñadas las reformas me da la impresión que no obtendrán el propósito de elevar la calidad educativa y sí se corre el riesgo de hacer el sistema educativo mucho más centralizado de lo que ya es, y mucho más orientado al estímulo externo que a la motivación intrínseca.

Si la intención de la Iniciativa era terminar con la corrupción en la asignación de plazas, suficiente habría sido la modificación a un par de artículos de la legislación laboral y reglamentaria de las relaciones laborales y escalafonarias. No obstante eso, la corrupción no desaparece por Decreto como tampoco la calidad educativa se asegura por Mandato Constitucional. Los mismos actores que durante 60 años encontraron la forma y mecanismos para darle la vuelta a la ley o camuflar prácticas indebidas, encontrarán vericuetos para hacerlo de nuevo.

El gran problema de la calidad educativa en México y de la evaluación, no está en meter en olla de presión al magisterio. La masa crítica del magisterio actual, formado por el mismo Estado, no da para tanto. Si la evaluación fuera estricta y criterial, con parámetros académicos, muy pocos maestros aprobarían. Aún así, supongamos que el Estado es eficaz y logra someter a todos los maestros a esa evaluación; nos quedaríamos sin maestros. Para formar una nueva generación de maestros de alto calibre se necesitarían, además de tiempo, dos cosas: excelentes candidatos para ingresar a la carrera universitaria docente, y excelente formación universitaria. No tenemos ninguna de las dos. Entonces, no sirve de mucho una evaluación de un cuerpo magisterial que sabemos no está formado como debiera estarlo para una tarea tan compleja. ¿No habría sido mucho mejor empezar por el principio y utilizar toda la fuerza del Estado para establecer las condiciones que gesten la formación de un nuevo maestro de gran calidad?

Además, los males educativos de México no se explican sólo por la pobreza magisterial (que hay que corregir); o las relaciones de poder (que hay que democratizar y transparentar); o la devolución del poder de decisión (que hay que distribuir); o las pruebas estandarizadas (que hay que aplicar con moderación e inteligencia).

La verdadera solución se encuentra en arreglar la descomposición social (pobreza) y económica (desigualdad y monopolización); en combatir la corrupción y transformar la cultura de anti-aprendizaje del mexicano que prefiere la pachanga en lugar del trabajo; el descanso en lugar del esfuerzo; la televisión en lugar de la lectura; el ruido en lugar del silencio; la fiesta en lugar del estudio. El problema educativo en México se superará cuando los hijos de los trabajadores, policías, empleados domésticos, choferes y pepenadores, vayan a las mismas escuelas que los hijos de los empresarios y políticos; es decir, no importa a qué escuela acudan los niños, todos deberían recibir el mismo nivel de educación de calidad